Más de 30 casos de estudio, antes y después.

Una comercializadora de energía europea sujeta a una obligación nacional de ahorro, alimentada por expedientes de obra que presentan muchos instaladores asociados.

Un gestor de programas que agrega operaciones de ahorro por cuenta de varios obligados, con una red de instaladores que crece más rápido que sus contrataciones.

Un obligado al que su autoridad de control pide justificar decisiones tomadas sobre expedientes presentados tiempo atrás, bajo reglas que se habían modificado desde entonces.

Una aseguradora mediana que recibe expedientes de siniestro de auto de asegurados, talleres y peritos, con volúmenes que se disparan tras cada tormenta.

Una aseguradora de daños que sospechaba justificantes duplicados en su cartera pero no podía mirar de un expediente a otro.

Una aseguradora que recibe expedientes de siniestro a través de una red de corredores, donde cada presentación incompleta costaba una llamada y un retraso.

Un prestamista al consumo cuyos analistas dedicaban el primer tramo de cada expediente a comprobar que las piezas concordaban.

Una entidad financiera obligada a actualizar sus expedientes de conocimiento del cliente en su cartera de empresas, con caducidades repartidas en fechas distintas.

Un centro de servicios financieros compartidos que paga facturas de proveedor contra pedidos, tras un intento de fraude por cambio de datos bancarios.

Un organismo de inspección que emite certificados en varios esquemas, donde la acreditación de un inspector había caducado en plena campaña sin que nadie lo viera.

Un organismo de certificación con campañas multisede donde informe, certificado y ficha técnica debían describir el mismo equipo, y a veces no lo hacían.

Un laboratorio de ensayos cuya acreditación dependía de probar que cada resultado provenía de un instrumento calibrado en el momento de la medición.

Un programa de ayudas regional que recibe la mayoría de solicitudes en los últimos días antes de un plazo legal.

Una autoridad de subvenciones que sospechaba que algunos proyectos se declaraban en dos programas distintos, pero instruía cada solicitud en aislamiento.

Un organismo público que libera el último pago de una subvención con base en un informe de finalización, y descubre, a veces, que la obra descrita no era la financiada.

Una oficina de admisiones que monta expedientes de paciente desde derivaciones, pagadores y los propios pacientes, donde una página que faltaba retrasaba una intervención programada.

Un equipo de facturación hospitalaria cuya tasa de denegación venía de autorizaciones caducadas antes de la fecha del acto.

Una función de compras y conformidad hospitalaria obligada a probar, dispositivo por dispositivo, que el expediente estaba completo y vigente en el momento del uso.

Un equipo de litigios que monta escritos desde lo que aporta el cliente, informes periciales y anexos, bajo plazos que no se mueven.

Un despacho que abre muchos expedientes al mes, cada uno con las mismas piezas del encargo antes de poder facturar.

Un despacho cuyo control de conflictos dependía de que cada socio recordara por qué partes había actuado la firma.

Un equipo de people operations que incorpora en varios países, donde cada contratación exigía un conjunto distinto de requisitos y nada llegaba junto.

Un empleador con una plantilla internacional amplia, cuyas pruebas de permiso de trabajo caducaban en fechas distintas.

Una organización que contrata proveedores externos vía agencias, donde la evidencia de verificación era desigual y rara vez se revisaba.

Un operador que activa altas el día de la solicitud, con pruebas de identidad que no tenía tiempo de verificar bien.

Un operador que incorpora clientes empresa, donde un contrato firmado por la persona equivocada significaba un acuerdo inejecutable.

Un operador de red que usa subcontratistas para intervenciones de campo, cuya evidencia de certificación y seguro se recogía una vez y nunca se revisaba.

Un equipo de inmobiliario terciario que hace due diligence de transacciones sobre expedientes montados por agentes, notarios y topógrafos.

Un gestor de alquiler residencial que recibe solicitudes con pruebas de identidad, ingresos y referencias de calidad muy desigual.

Un propietario responsable de los certificados de inspección y energéticos obligatorios en una cartera numerosa de inmuebles, cada uno con su fecha de renovación.

Un departamento municipal de urbanismo donde el plazo legal de respuesta empezaba al recibirse, estuviera completa o no la solicitud.

Una oficina de contratación pública donde cada licitación empezaba con una larga comprobación administrativa antes de poder evaluar lo técnico.

Un organismo de prestaciones sociales cuyas denegaciones se recurrían con frecuencia, y cuyos expedientes no siempre podían mostrar qué se había comprobado.